Una corte federal de apelaciones en San Francisco decidió que el exmandatario Trump puede seguir controlando a la Guardia Nacional de California, al menos por algún tiempo, mientras continúa el litigio iniciado por el gobernador Gavin Newsom. Este veredicto permite que las 4,000 tropas situadas en Los Ángeles sigan bajo mando federal durante los procedimientos legales, revocando por el momento la resolución anterior que solicitaba su devolución a las autoridades del estado.
La disputa comenzó el 7 de junio, cuando el expresidente federalizó la Guardia Nacional y desplegó a 700 marines para reforzar la presencia militar en Los Ángeles, apoyando las labores de agentes federales durante protestas relacionadas con operativos de inmigración. Esta movilización de tropas sin el consentimiento del estado marca la primera vez desde 1965 que ocurre un despliegue tan extenso sin la aprobación del gobernador.
En una audiencia reciente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que el mandatario probablemente actuó dentro del marco de la ley federal, señalando que las manifestaciones de protesta habían derivado en actos violentos contra funcionarios y propiedades federales, así como agresiones con escombros y cócteles molotov . Aunque declaró que el presidente debía notificar al gobernador, confirmó que el fallo de un tribunal de primera instancia fue demasiado restrictivo, ya que no había autoridad para vetar la acción presidencial.
El fallo del juez de distrito Charles Breyer, emitido el 12 de junio, afirmaba que la federalización era ilegal, argumentando que no se habían cumplido los requisitos de la ley y que no existía una situación de “rebelión” como exige la legislación. La apelación, sin embargo, suspendió esa orden mientras el caso sigue avanzando.
El panel del Noveno Circuito —compuesto por dos jueces nombrados por Trump y uno por Biden— subrayó que la ley concede al presidente un amplio margen en temas relacionados con la protección del cumplimiento federal, y que es responsabilidad del tribunal llevar a cabo una revisión “con un alto grado de deferencia». Sin embargo, desestimó la idea de que la decisión presidencial esté totalmente fuera del control judicial.
Mientras el proceso legal sigue su curso, California tiene la opción de recurrir la decisión frente al pleno del Noveno Circuito o incluso escalar el caso hasta la Suprema Corte. Asimismo, podrían alegar que la utilización militar en apoyo a las funciones de la ley federal —posible infracción de la ley Posse Comitatus— demanda un análisis más detallado en el tribunal.
En su respuesta, el gobernador Newsom expresó que «el presidente no ostenta el poder absoluto ni está exento de cumplir con las leyes». Además, enfatizó que California continuará defendiendo en la justicia la autonomía del estado y los derechos civiles. Por otro lado, el exmandatario Trump calificó la decisión como un «gran triunfo» para la seguridad nacional, justificando que la Guardia Nacional necesita ser desplegable si las autoridades locales no logran conservar el orden.
A nivel nacional, el caso ha abierto un debate profundo sobre el alcance de los poderes presidenciales en el uso de la Guardia Nacional, el federalismo y los límites del control judicial. Es la primera vez en seis décadas que se federaliza la Guardia sin el consentimiento de un gobernador, lo cual genera preocupación sobre precedentes peligrosos y el debilitamiento de los mecanismos de derecho y revisión institucional .
Mientras tanto, en Los Ángeles, la presencia militar sigue vigente, aunque los niveles de protesta han disminuido y el alcalde levantó el toque de queda. Sin embargo, persisten tensiones y cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades civiles y militares, así como el impacto en vigilancia y control social .
La fecha importante será la audiencia siguiente ante el juez Breyer, programada para este viernes. En esta audiencia, podría emitirse una orden preliminar más extensa que establezca con claridad cómo se pueden utilizar las tropas. La resolución del caso tendrá efectos perdurables en la relación entre el gobierno federal y los estados, las competencias presidenciales y el papel de las fuerzas armadas en actividades civiles.
