El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la presunta implicación de la multinacional Acciona en una red de corrupción coordinada desde la cúpula del Partido Socialista. Según los investigadores, la empresa habría abonado cientos de miles de euros en concepto de comisiones ilegales para asegurarse contratos públicos de gran envergadura, en una trama gestionada directamente por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
Superan los 600.000 euros en pagos no regulares
La UCO ha registrado el desembolso de al menos 620.000 euros en sobornos asociados a concesiones concretas favoreciendo a Acciona. Según el reporte, los fondos fueron dirigidos por medio de intermediarios relacionados con José Luis Ábalos y su asesor de aquel entonces, Koldo García. Todo esto ocurrió bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los investigadores identifican como responsable de coordinar las sumas, los beneficiarios y el cronograma de los pagos.
Asimismo, se está investigando un segundo lote de cerca de 450.000 euros relacionado con otros contratos otorgados más recientemente, lo que sugeriría la persistencia del esquema de corrupción incluso después de los primeros signos públicos de irregularidades.
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Los contratos cuestionados pertenecen a proyectos de gran envergadura en obra pública —como infraestructuras de ferrocarriles, autovías y sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en áreas administradas por el PSOE. La UCO indica que los términos técnicos de estos concursos estaban elaborados de manera que se adaptaban casi exclusivamente a la propuesta de Acciona, eliminando cualquier competencia real.
El documento describe cómo se organizaban los acuerdos para asegurar la adjudicación a la compañía, mediante pagos establecidos previamente. Según los oficiales, era una “red perfectamente estructurada” en la que los dirigentes políticos participaban de manera directa para favorecer a ciertas empresas a cambio de ventajas financieras.
La función de Santos Cerdán
Uno de los aspectos más contundentes del informe es la identificación de Santos Cerdán como figura clave en el reparto y gestión de las mordidas. La Guardia Civil sostiene que Cerdán no solo tenía conocimiento del circuito de pagos, sino que asumía un papel ejecutivo en su articulación. Las conversaciones interceptadas revelan cómo las cantidades eran divididas, negociadas y distribuidas, en función del contrato adjudicado.
Cerdán se posiciona como el nexo central que conecta al PSOE con las compañías favorecidas por la red, siendo el principal enlace con el poder institucional.
Respuestas y quietud institucional
Frente a la rotundidad del informe, Acciona ha comunicado que llevará a cabo una auditoría interna, despejando de responsabilidad a su actual liderazgo de los eventos investigados. No obstante, el daño a la reputación ya está ocasionado. La inclusión de un exdirigente de la compañía en los papeles revisados por la UCO ha reavivado la discusión sobre la colusión entre grandes corporaciones y el poder político.
Mientras tanto, el Gobierno no se pronuncia. Los líderes del PSOE se abstienen de comentar sobre un asunto que ya ha desembocado en la renuncia de funcionarios de alto rango y que podría socavar aún más la legitimidad del Ejecutivo.
El documento de la UCO revela lo que antes eran solo indicios aislados: una destacada empresa constructora del país habría estado involucrada en un esquema de corrupción para obtener contratos públicos, organizado desde el núcleo del partido que lidera España. Si los hechos son validados legalmente, sería uno de los escándalos de corrupción más serios de los últimos tiempos, tanto por el impacto económico como por el alto nivel de los participantes implicados.
Este episodio no solo involucra a Acciona, sino que también cuestiona el empleo del poder institucional para fines individuales. El futuro mostrará si las repercusiones políticas estarán acordes con la seriedad de los descubrimientos realizados.

