En un contexto de creciente debate sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos, la accesibilidad emerge como una deuda histórica pendiente en España. A pesar de los avances en otras áreas del urbanismo y la edificación, la realidad es que una parte considerable del parque inmobiliario español sigue siendo inaccesible para muchas personas, especialmente aquellas con movilidad reducida o con diversidad funcional. Este desafío no solo es técnico o arquitectónico, sino que está estrechamente ligado a la justicia social, la igualdad de oportunidades y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
Con el objetivo de destacar la urgencia de contar con viviendas asequibles para todos, se llevó a cabo un evento en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Con el lema “Accesibilidad y vivienda: ¿Se consideran las necesidades de todos?”, la reunión congregó a expertos, funcionarios y figuras del urbanismo y la arquitectura para discutir las acciones necesarias para lograr un modelo habitacional inclusivo.
Uno de los temas principales del evento fue que la accesibilidad no debe verse como un lujo ni como una modificación opcional, sino como un elemento esencial en la planificación, diseño, construcción y renovación de viviendas. Esta perspectiva surge del reconocimiento de que cualquier persona puede enfrentar situaciones de dependencia o restricciones funcionales a lo largo de su vida, ya sea debido a la edad, enfermedades, accidentes o situaciones temporales. Por eso, considerar espacios accesibles no es una cuestión específica, sino una medida preventiva y de justicia social que favorece a toda la comunidad.
Durante la jornada se abordaron diversos retos normativos y técnicos que impiden una integración real de la accesibilidad en las políticas de vivienda. Uno de los principales obstáculos identificados es la actual Ley de Propiedad Horizontal, que dificulta las reformas necesarias en comunidades de vecinos para eliminar barreras arquitectónicas. A esto se suma la escasa incorporación de criterios de accesibilidad universal en los programas de rehabilitación, lo que perpetúa las desigualdades existentes.
Igualmente se presentaron esquemas inspiradores provenientes de otros proyectos europeos, como EUROPAN, la Nueva Bauhaus Europea y planes nacionales como Madrid 2050. Estas ideas, además de su perspectiva técnica, subrayan la importancia de implementar un diseño universal desde el inicio de los proyectos. Este enfoque impulsa la creación de viviendas accesibles para la mayor cantidad de personas posible, sin requerir modificaciones futuras, y que consideren la diversidad de cuerpos, habilidades y estilos de vida.
El evento también sirvió como escenario para la inauguración de la exposición “Friendly and Inclusive Spaces Awards”, una muestra de proyectos internacionales que combinan innovación arquitectónica con sensibilidad social y ambiental. Estas experiencias demuestran que no solo es posible construir espacios accesibles, sino que hacerlo mejora la calidad de vida colectiva y refuerza los lazos comunitarios.
Uno de los puntos más reiterados por los participantes fue que la accesibilidad no debe tratarse como un añadido al final del proceso urbanístico, sino como un principio rector desde el inicio. Se requiere, en consecuencia, una transformación profunda de la mirada urbanística, en la que se prioricen las necesidades reales de la ciudadanía, se promuevan entornos que favorezcan la autonomía personal y se eliminen las barreras –visibles e invisibles– que aún persisten en nuestras ciudades y hogares.
El desafío de garantizar viviendas accesibles, habitables y dignas no puede afrontarse de manera aislada. Implica la coordinación de administraciones públicas, sectores profesionales, sociedad civil y ciudadanía en general. También exige voluntad política, marcos legislativos claros y ambiciosos, y una inversión decidida en la rehabilitación del parque existente y en la construcción de nuevas viviendas bajo criterios de inclusión.
En definitiva, avanzar hacia un modelo residencial accesible es avanzar hacia una sociedad más justa, en la que todas las personas puedan vivir con autonomía, seguridad y dignidad. Convertir este principio en una realidad tangible requiere algo más que buenas intenciones: requiere acción, compromiso y una visión de futuro que ponga en el centro a las personas.
