Oslo: Una Guía para la Evaluación del Riesgo de Carbono en Activos de Largo Plazo

Oslo, capital de Noruega, fusiona objetivos climáticos de gran alcance con una economía que, de forma tradicional, se ha sustentado en recursos energéticos. La ciudad y sus inversores se encuentran ante el desafío de ponderar el riesgo de carbono en activos de larga duración —tanto edificios públicos y privados como infraestructuras energéticas, puertos y activos financieros ligados a hidrocarburos— con el fin de prevenir depreciaciones, emisiones imprevistas y un aumento de los costes regulatorios.

En qué consisten los activos de larga duración y cuál es su relevancia

Definición: se trata de bienes con una vida útil que habitualmente supera los 10–20 años, entre los que se incluyen edificios, plantas de generación, redes, terminales o concesiones.
Vulnerabilidad: su grado de exposición ante políticas climáticas, avances tecnológicos y fluctuaciones de la demanda aumenta la probabilidad de que acaben convertidos en activos varados.
Impacto financiero: posibles cambios de valoración, mayores costes operativos (como el asociado al carbono), dificultades para obtener financiación y incrementos en las primas de seguro.

Entorno normativo y contexto económico de importancia para Oslo

Política nacional: Noruega promueve la reducción de emisiones y participa en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión, además de imponer impuestos al carbono en sectores específicos como petróleo, gas y transporte.
Objetivos municipales: Oslo ha fijado metas muy ambiciosas para disminuir sus emisiones, respaldadas por planes destinados a alcanzar la neutralidad climática municipal en plazos más cortos que los planteados a escala nacional.
Precio del carbono: los valores de los permisos de emisión han registrado fluctuaciones significativas; entre 2022–2023 se mantuvieron elevados, desde varias decenas hasta cientos de euros por tonelada, repercutiendo de forma notable en la rentabilidad de actividades con alta huella de carbono.
Divulgación y supervisión: tanto la normativa europea como los estándares internacionales requieren mayor transparencia en la exposición de riesgos climáticos dentro de los estados financieros y otros informes.

Formas de estudiar el riesgo asociado al carbono en activos con vida útil prolongada

Contabilidad de emisiones por alcance: cuantificar las emisiones directas (alcance 1), las derivadas del consumo de energía adquirida (alcance 2) y el resto de emisiones indirectas asociadas a la cadena de valor (alcance 3).
Análisis de ciclo de vida: evaluar el total de emisiones generadas por el activo a lo largo de su existencia, abarcando fases de construcción, operación y eventual desmantelamiento.
Escenarios climáticos y de transición: utilizar trayectorias de políticas y avances tecnológicos, como escenarios alineados con 1,5 °C o 2 °C, para anticipar cambios en demanda, precios y cargas regulatorias.
Pruebas de resistencia (stress testing): recrear variaciones en factores críticos, incluidos precio del carbono, costes de electrificación y necesidades energéticas, con el fin de valorar la sensibilidad del flujo de caja y del valor presente neto.
Modelización financiera integrada: sumar costes variables por tonelada de CO2, inversiones en mitigación como electrificación o eficiencia, y la posibilidad de un cierre anticipado para estimar la probabilidad de un activo varado y las pérdidas asociadas.
Métricas de exposición: medir intensidad de carbono (toneladas CO2e por unidad de producción o por euro de ingresos), proporción de ingresos ligados a combustibles fósiles y la vida económica que aún reste.

Instrumentos, normas y prácticas recomendadas

Estándares de contabilidad: aplicación de metodologías como la contabilidad de huella de carbono para ámbitos financieros y empresariales, junto con la incorporación de guías sectoriales que faciliten la estimación del alcance 3.
Alianzas y marcos: participación en iniciativas locales y europeas dedicadas a la contabilidad de carbono y al reporte financiero climático con el fin de armonizar las métricas.
Modelos de valoración: consideración de escenarios con precios internos del carbono y elaboración de análisis de sensibilidad que permitan reflejar ese coste dentro del descuento de los flujos de caja.
Integración en gobernanza: definición de políticas de inversión que contemplen los riesgos climáticos, como restricciones a la exposición a combustibles fósiles o la exigencia de planes de transición y descarbonización.

Ilustraciones numéricas a modo de ejemplo

Ejemplo 1: edificio público con calefacción a gas
Las emisiones anuales estimadas alcanzan las 500 tCO2e.
Se toma como referencia un precio del carbono de 80 €/tCO2e.
El desembolso anual asociado a ese nivel de emisiones asciende a 40.000 € (500 × 80).
Con un presupuesto operativo de 1.000.000 €, el coste ligado al carbono representa el 4% del total; si el precio se eleva a 150 €/t, el impacto podría aumentar hasta el 7,5%.
Ejemplo 2: terminal portuaria con vida útil restante de 30 años
Las operaciones generan 10.000 tCO2e anuales procedentes del uso de maquinaria y combustibles.
A un precio de 100 €/t, el coste anual por carbono se sitúa en 1.000.000 €.
Una disminución del 15% en la demanda de carga debido a la descarbonización del transporte marítimo podría recortar los ingresos y hacer que los costes de carbono vuelvan marginal la inversión, incrementando la probabilidad de un retiro anticipado.
Ejemplo 3: activo energético vinculado a hidrocarburos
Método de valoración: proyectar los flujos de caja bajo tres escenarios (políticas estrictas, intermedias y flexibles) en los que se modifican el precio del carbono, la demanda y el coste del capital.
Conclusión frecuente: con políticas estrictas y precios elevados del carbono, el valor presente puede reducirse entre un 20% y un 60%, dependiendo de la intensidad de emisiones y del margen para sustituir la tecnología.

Casos prácticos de especial relevancia para Oslo

Edificios municipales: Oslo ha impulsado la actualización energética de sus edificios públicos, incorporando en sus evaluaciones anticipadas la proyección de reducción de emisiones, el potencial de ahorro de energía y el grado de sensibilidad frente a impuestos sobre el carbono.
Transporte urbano: la electrificación de autobuses y tranvías del transporte público disminuye la dependencia del precio del carbono y atenúa el riesgo de que las flotas basadas en combustibles fósiles queden obsoletas.
Inversiones financieras: los fondos asociados a la ciudad y los inversores noruegos incluyen análisis sobre la exposición a combustibles fósiles, junto con directrices internas que restringen la colocación de capital en activos con elevado riesgo de pérdida de valor.
Infraestructura portuaria y logística: la adecuación para operar con combustibles de baja huella de carbono, como hidrógeno o suministro eléctrico en muelle, mitiga el peligro de depreciación ante regulaciones marítimas cada vez más exigentes.

Proceso práctico de evaluación, paso a paso

1. Identificar el universo de activos: ordenar cada componente según su clase, la duración de su vida útil y el nivel de dependencia que mantiene respecto a los combustibles fósiles.
2. Medir emisiones actuales: calcular los alcances 1, 2 y 3 utilizando tanto datos operativos como parámetros reconocidos dentro del sector.
3. Definir horizontes y escenarios: establecer las posibles rutas de políticas, precios del carbono y avances tecnológicos para los plazos de 2030, 2040 y 2050.
4. Modelar impactos económicos: prever de qué manera podrían cambiar los costos operativos, las inversiones requeridas para la transición y los flujos de caja en cada escenario.
5. Calcular indicadores de riesgo: determinar el valor expuesto a riesgos climáticos, la probabilidad de que un activo quede obsoleto y la intensidad de carbono por unidad de valor.
6. Diseñar respuestas: proponer medidas de mitigación como la electrificación o el incremento de la eficiencia, junto con estrategias de desinversión, ajustes de trayectoria, seguros y herramientas contractuales.
7. Reportar y revisar: integrar los resultados en la gobernanza, en los reportes municipales y en las políticas de inversión, aplicando revisiones regulares ante cambios regulatorios o de mercado.